Se limita la adquisición de tierras por extranjeros pero se amplía el despojo a originarios.

Los wichis señalaron a la empresa Desdelsur SA, compañía argentina radicada en el departamento San Martín, dedicada a la producción de legumbres, aceites y ganado. Junto a decenas de otras firmas en la región, la empresa está eliminando monte nativo, lo que afecta el sustento de las comunidades al destruir especies como chañar, mistol y algarrobo —cuyos frutos forman parte de la dieta tradicional—, además de plantas medicinales y fibras como el chaguar, usadas en artesanías para el turismo.

El Chaco salteño es una zona donde la expansión agrícola avanza con maquinaria pesada. Empresas agroexportadoras, tanto nacionales como extranjeras —por ejemplo, la estadounidense Seaboard Co. en Orán—, operan en la región. Las comunidades originarias enfrentaron históricamente presiones por desalojos y falta de asistencia estatal, bajo distintos gobiernos provinciales y nacionales.

Este caso se suma a otros conflictos en la provincia. En Cachi, la comunidad Diaguita Calchakí de Las Pailas se opuso a una orden de desalojo impulsada por terratenientes locales. Tras una importante movilización vecinal, la Justicia restituyó cuarenta de las cuarenta y cuatro hectáreas que las empresas pretendían desalojar.

La tierra en cuestión es reclamada por la familia Wayar, con propiedades en la zona de La Aguada. Walter Wayar, miembro de esa familia, ocupó cargos como intendente, diputado, vicegobernador y senador, y es uno de los propietarios nacionales que se manifestaron contra la extranjerización de tierras, mientras defienden sus propios derechos de propiedad.

En Salta, durante las gestiones de los gobernadores Romero, Urtubey y Sáenz, se registraron grandes concentraciones de tierras en manos de capitales nacionales y extranjeros. El actual gobernador, Gustavo Sáenz, impulsó la consigna "la patria no se vende" para liderar un bloque de gobernadores que presionaron para que el gobierno nacional retirara los capítulos sobre tierras del proyecto de ley de propiedad privada. No obstante, el proyecto final mantuvo mecanismos de desalojo exprés, similares a los que ya existían en la legislación local de Salta.

En Jujuy también.

Paralelamente, en Humahuaca (Jujuy), se produjo un desalojo contra la comunidad originaria Santa Rosa. La policía provincial ejecutó una orden judicial con más de cien efectivos y maquinaria pesada, lo que dejó heridos y ocho detenidos. Las autoridades calificaron el hecho como un "conflicto entre privados", aunque la magnitud del operativo indica una intervención estatal de gran escala. La propia Dirección Provincial de Inmuebles reconoció errores en la demarcación de los terrenos, pero el juez de Primera Instancia Civil y Comercial igualmente ordenó la medida.

En los últimos años, la Quebrada de Humahuaca —declarada Patrimonio de la Humanidad y destino turístico de alto valor— fue escenario de múltiples desplazamientos forzados en localidades como Tilcara, Maimará y ahora Humahuaca, en un contexto de creciente especulación inmobiliaria.

Estos acontecimientos se suceden luego del debate nacional sobre la reforma de la ley de tierras. Con el argumento de defender la soberanía nacional, los gobernadores lograron que se eliminaran los capítulos de reforma del proyecto original. Pero el resultado mantuvo vigente el marco legal que permite los desalojos exprés, tanto a nivel nacional como en provincias como Salta, y dejó sin efecto la prórroga de la ley de emergencia territorial (Ley 26.160), lo que en la práctica allanó el camino para las operaciones de desalojo y la expansión de emprendimientos inmobiliarios y agrícolas sobre tierras reclamadas por comunidades originarias.

Fuente: diarionorte.com