Mantener las rutas argentinas saldría diez veces más barato que reconstruirlas.

Un reciente informe del Instituto Argentina Grande, elaborado con datos de la Dirección Nacional de Vialidad y la Cámara Argentina de la Construcción, revela una ecuación implacable: por cada dólar que no se invierte hoy en mantenimiento vial, se necesitarán diez dólares mañana para reconstruir lo que se dejó deteriorar.

   Las cifras son contundentes. El costo anual de mantener en condiciones operativas todo el sistema vial nacional y provincial asciende a 4.213 millones de dólares. Sin embargo, si el Estado opta por la inacción y permite que la infraestructura siga degradándose, la factura de la recuperación total se dispara a 40.773 millones de dólares. Solo para las rutas nacionales, ese número ronda los 23.240 millones de dólares, una cifra astronómica que evidencia la insostenibilidad de la estrategia actual.

   Este abandono no es una percepción subjetiva, sino una tendencia medida y acelerada. En 2022, el 23 por ciento de las rutas nacionales se encontraba en mal estado. Para 2024, ese porcentaje ya había escalado al 29, mientras que los tramos en buen estado se desplomaron del 54,9 al 47,5 por ciento. En el terreno, los trabajadores del sector pintan un panorama aún más sombrío. Fabián Cattanzaro, secretario Gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, advierte que la realidad supera las estadísticas oficiales y estima que el 70 por ciento de la red nacional sufre entre un estado regular y pésimo.

   La causa de este deterioro no es otra que el brutal recorte del gasto público. La inversión real en el sector cayó un 82 por ciento, y el gasto de capital en la red vial durante los primeros cinco meses de 2025 se redujo un 75 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023. El presupuesto proyectado para Vialidad Nacional en 2026 es tres cuartas partes menor al de 2023, un desplome que deja a la infraestructura sin el oxígeno financiero necesario para su supervivencia.

Pero el costo del deterioro no se limita a la futura reconstrucción. Mientras tanto, la sociedad ya paga una factura oculta que no aparece en los balances del Tesoro. El mal estado de las rutas encarece las primas de seguros debido a la alta siniestralidad, destruye prematuramente flotas de vehículos, pone en riesgo la vida de transportistas y familias que transitan diariamente por la red, y encarece la logística de manera transversal, impactando directamente en el precio de los alimentos y bienes de consumo. Mantener un kilómetro de ruta cuesta entre 15.000 y 40.000 dólares anuales, mientras que reconstruirlo desde sus cimientos puede demandar hasta diez veces más.

   Ante este escenario, el gobierno apuesta por desentenderse del problema transfiriendo el mantenimiento al sector privado. Ya se han concesionado más de 8.500 kilómetros de rutas nacionales y se abrieron licitaciones para otros 3.900, con el costo trasladado al usuario mediante peajes. Sin embargo, esta estrategia no repara el daño ya infligido a la carpeta asfáltica ni resuelve la falta de planificación estructural.

   La conclusión es inevitable: el ahorro fiscal de corto plazo es una quimera costosa. La desinversión no es una política de austeridad, sino una hipoteca que el Estado argentino deberá pagar con creces, arrastrando consigo la competitividad de la producción nacional y la seguridad de sus ciudadanos. Hoy, por ahorrar un peso en parches, el país se condena a gastar diez mañana en reconstrucción.

 Fuente: diarionorte.com