Cristina Kirchner acude a la ONU para denunciar violaciones a sus derechos.

Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles la presentación de una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), donde sostuvo que durante el proceso judicial que culminó con su condena en la causa Vialidad se vulneraron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso. La exmandataria difundió una carta abierta tituladaEl costo democrático de la politización de la Justicia, en la que volvió a denunciar una persecución política y afirmó que el objetivo de las decisiones judiciales fue impedir su participación en la vida política.

En el texto, Kirchner aseguró que el ataque en su contra "tiene como destinatario a un proyecto político" y sostuvo que todas las arbitrariedades cometidas durante el proceso tuvieron un único propósito: "proscribirme de la vida política". También afirmó que existió un "machismo estructural" dentro del sistema judicial y señaló que fue juzgada, además de por sus decisiones de gobierno, por su condición de mujer y por haber ejercido el liderazgo político.

La expresidenta informó además que incorporó a su defensa a los abogados Javier Borrego, de España, y Rafael Valim, de Brasil, a quienes definió como especialistas de prestigio internacional en materia de derechos humanos. Según indicó, el caso permitirá que los magistrados argentinos que intervinieron en el expediente sean examinados por organismos internacionales a la luz de los principios de independencia judicial, debido proceso e igualdad ante la ley.

Kirchner sostuvo que recurrirá a la ONU porque considera agotadas las instancias internas y aseguró que responderá "con más Derecho, más democracia y más verdad". Además, publicó artículos de opinión sobre el mismo tema en los diariosEl Paísde España,Libérationde Francia yFolha de São Paulode Brasil.

La presentación internacional se produce luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena dictada en la causa Vialidad. En ese expediente, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La investigación determinó la existencia de una maniobra de corrupción vinculada a la adjudicación irregular de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que benefició al empresario Lázaro Báez. El tribunal sostuvo que quedó acreditada una relación irregular entre funcionarios públicos y las empresas del contratista.

Cristina Fernández de Kirchner deberá seguir portando su "certificado de dignidad", como definió a la tobillera electrónica que porta.

La defensa de la expresidenta había cuestionado la imparcialidad de jueces y fiscales y sostuvo que la entonces presidenta no tenía competencia directa sobre la asignación de las obras aprobadas por el Congreso. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó esos planteos al considerar que el recurso extraordinario no contenía una fundamentación suficiente para desvirtuar la sentencia condenatoria.

LA CARTA COMPLETA

Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre.

He dedicado mi vida al servicio de la Argentina. Lo hice con la convicción de que la política es la herramienta más noble para transformar la realidad, para ampliar derechos y para construir un país más justo, más libre y más solidario.

Por eso, el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino.

Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino.

Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos.

Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?

Cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida (como sucedió el 1 de septiembre del año 2022), no estamos simplemente frente a una injusticia individual. Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana.

Sin embargo, y como siempre, quiero ser clara: todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas.

La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina. Por eso cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino.

Y debo decir también que todo esto no es un fenómeno exclusivamente argentino.

Lamentablemente, en todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular. Cambian los países, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el método es el mismo: convertir al Derecho y al Sistema de Justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto.

Ese fenómeno representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales. Porque una democracia deja de ser plenamente democrática, cuando los jueces sustituyen la voluntad popular y cuando los procesos judiciales dejan de buscar la verdad para convertirse en instrumentos de persecución y proscripción política.

Frente a esa realidad, no responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad.

Por el profundo sentido cívico y el respeto institucional que han guiado mi vida y mis acciones… y por la indignación que me producen las ilegalidades de las que soy víctima, anuncio hoy que he presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Lo hago con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder.

En 2022, luego de sufrir el atentado, un grupo de reconocidos juristas Internacionales, integrado por Raúl Zaffaroni (Argentina), Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Baltazar Garzón Real (España), Juárez Tavares (Brasil), Francesco Shiaffo, Sergio Moccia y Antonio Cavaliere (Italia), formularon una primera denuncia frente a la feroz persecución de la que estaba siendo víctima, y detallando las irregularidades y múltiples violaciones a mis derechos fundamentales. Luego vino la condena y proscripción en la causa "Vialidad".

Y para llevar adelante esta nueva etapa de mi defensa, he decidido convocar a dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim. Su experiencia, su autoridad académica y su compromiso con el Estado de Derecho contribuirán a que esta causa concreta sea examinada con el rigor jurídico que merece.

Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales.

Compatriotas:

Jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo. Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina.

Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia.

Lucharé porque sé que la verdad termina siempre abriéndose camino.

Lucharé porque creo profundamente en la justicia cuando actúa con independencia y con respeto al Derecho.

Y lucharé, sobre todo, por ustedes, por el pueblo argentino, que merece vivir en una República donde nadie sea perseguido por sus ideas políticas, donde ninguna mujer sea discriminada por ejercer el liderazgo y donde los derechos humanos sean una realidad para todos y no un privilegio para algunos.

Quiero terminar dirigiéndome directamente a quienes hoy sienten angustia, incertidumbre o tristeza.

No bajen los brazos.

No permitan que les roben la esperanza.

La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular.

Tengo una fe inmensa en la conciencia democrática del pueblo argentino.

Y por eso les digo, con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida: muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos.

Volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la Nación y donde la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio.

Porque los pueblos pueden ser perseguidos. Pueden ser difamados. Pueden ser atacados.

Pero jamás podrán ser derrotados cuando permanezcan unidos en defensa de la democracia, de la memoria, de la justicia y de la verdad.

Muchas gracias.

Y que Dios y la Virgen protejan siempre al Pueblo argentino.

Fuente: diarionorte.com